Gobierno británico apelará decisión contraria al cierre del Parlamento

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En un resumen de sus conclusiones, los jueces dijeron que estaban unánimes en su creencia de que la decisión de Johnson de suspender el Parlamento durante cinco semanas fue ilegal y viola la constitución, ya que fue diseñada para sofocar el debate parlamentario y la acción sobre el Brexit.

Los tres jueces que firman el fallo de este martes entienden que la suspensión tenía "el objetivo inapropiado de obstaculizar el Parlamento", lo que da la razón a los 75 diputados de distintos partidos que se habían aliado para lanzar este recurso.

La Corte Suprema de Gran Bretaña deberá resolver la cuestión la semana próxima.

Pese al tono duro con el que accedió al gobierno, tras la renuncia de Theresa May, y su insistencia en que cumplirá con la fecha de salida del bloque económico cueste lo que cueste, el primer ministro británico aseguró ayer que finalmente logrará un acuerdo con la UE y cumplirá con el Brexit el 31 de octubre. Catherine Haddon, del centro de estudios Institute for Government, tuiteó que el fallo "no cambia (todavía) la suspensión en sí".

El portavoz del Partido Laborista para el Brexit, Keir Starmer, informó que la decisión del tribunal era "muy inusual y muy fuerte".

Para la jefa del gobierno autónomo escocés, la independentista Nicola Sturgeon, "la decisión judicial de hoy tiene un significado constitucional enorme" y el parlamento debería "ser convocado de nuevo inmediatamente para permitir que continúe el trabajo esencial de escrutinio".

Los tres magistrados que han dictado sentencia revierten el fallo inicial de otro juez, que consideró ajustada a la ley la medida acordada por el Gobierno británico, y dejan en manos del Tribunal Supremo la decisión final sobre el cierre de Westminster.

Sin embargo, Merkel dijo a legisladores en Berlín que el país está preparado para un Brexit sin acuerdo que tenga como resultado "un competidor económico a nuestras puertas".

"El Gobierno del Reino Unido necesita presentar una agenda legislativa nacional sólida".

En este sentido, el máximo ente judicial escocés sentenció este miércoles que la suspensión de cinco semanas -que entró en vigor el pasado martes 10 de septiembre- no goza del respaldo legal para hacerse efectivo y que además "es nula y no produce efecto".