La Justicia de EEUU complica a Argentina en un juicio por YPF

Mauricio Macri en Vaca Muerta

Mauricio Macri en Vaca Muerta

El Gobierno pedía dirimir el pleito en Buenos Aires.

En simultáneo y en los tribunales locales, Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, reclamaron al juez federal Ariel Lijo que investigue la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo en el cual considera que la demanda por 3 mil millones de dólares presentada por un fondo buitre a la Argentina por la estatización en el 2012 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) deberá continuar su curso en ese país.

Argentina aspiraba a trasladar la controversia a los tribunales locales y alejar la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para quedarse con el poder de litigar. Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.

El abogado de Burford-Petersen, argumentó, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina había quebrado el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización).

El gobierno argentino tiene la opción de apelar ante la Corte de Justicia de Estados Unidos, pero las perspectivas parecen difíciles para poder volcar la decisión a su favor y traer el juicio a la Argentina. Así se desprendería del estatuto de YPF de 1993, presentado ante la comisión de valores estadounidense.

Los inversores compraron dos empresas residuales que pertenecían a los Eskenazi, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Estas compañías se constituyeron hace una década, cuando los empresarios nacionales ingresaron a YPF, entonces controlada por Repsol, de la mano de Néstor Kirchner.

Hace poco más de un año, en abril de 2017, Burford informó que vendió un 15% de esa participación -por la que ahora reclama u$s3.000 millones- en 66 millones de dólares. El Grupo Peterson siempre manifestó no estar vinculado a los fondos buitre.

Como parte de la estrategia, la Procuración del Tesoro -que representa al Estado nacional- podría plantear un procedimiento conocido como 'Discovery process', por el cual instaría a la Justicia norteamericana a investigar al fondo buitre y determinar cómo fue el proceso de privatización de la compañía previo a la nacionalización.