Piden recursos necesarios para instrumentar Ley de desaparición forzada

Dan publicidad a ley de Desaparición Forzada

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Este jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, 397 votos, la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que, entre otros puntos, incluye una pena de entre 40 y 60 años de cárcel a los servidores públicos que secuestren y se nieguen a dar información sobre el destino o paradero de la víctima.

La nueva legislación que fue aprobada en los términos sugeridos por el Senado, deriva de la reforma de 2015 al artículo 73 constitucional que facultó al Congreso a expedir una ley general en materia de desaparición forzada, en un plazo de 180 días, el cual venció el 6 de enero del 2016.

Entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el DOF.

Abundó que con este marco jurídico se establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas.

Penas de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días de multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia y de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de la circunstancia.

Las disposiciones de la Ley General de Desaparición implican la homologación del delito de desaparición forzada de acuerdo a instrumentos internacionales, reconoce y sanciona los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; promueve investigaciones exhaustivas -mediante la creación de Fiscalías Especializadas-; y establece mejores condiciones para acercarnos a la verdad, la justicia, el castigo a los culpables.

El coordinador perredista explicó que parte importante de esta ley es que se crean el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo fundamental es el involucramiento de la sociedad civil de las víctimas en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema.

Implementándose de manera efectiva, esta ley ayudaría a sanar el dolor que aflige a las miles de víctimas y a sus familiares, así como a combatir una grave violación a los derechos humanos, por desgracia ampliamente extendida en México y que se remonta a más de cuatro décadas.

En el artículo Transitorio Segundo se señala que queda abrogada la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.