ONG exigen acabar con resistencias que frenan al Sistema Nacional Anticorrupción

Adrián López Sánchez presidente de la Coparmex en Quintana Roo

Adrián López Sánchez presidente de la Coparmex en Quintana Roo

Un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones se reunieron este lunes para dar un mensaje sobre el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye una serie de propuestas para que el cambio del país llegue por la "ruta institucional"; entre ellas, una discusión a fondo y una reforma constitucional que resulte en una fiscalía autónoma e independiente, así como recursos suficientes que garanticen el funcionamiento de los comités de participación ciudadana.

"La más evidente expresión de esa resistencia ha sido atacar, sin fundamento alguno, la forma en la que fueron seleccionados los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes están a la cabeza del Sistema Anticorrupción. Sabemos que necesitamos fortalecer al naciente Sistema Nacional Anticorrupción", puntualizó.

"Organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales confirmamos hoy que #VamosPorMás".

En 2015 se reformó la Constitución para integrar el apartado del SNA, el cual mandata a congresos estatales generar una estructura y facultades equivalentes, e impuso como fecha límite para eso el martes 18 de julio del año en curso.

Entre los firmantes están la Asociación de Bancos de México, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, el Consejo Coordinador Empresarial, Artículo 19, Fundar, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa, así como los ciudadanos Diego Luna, Denisse Dresser y Ana Laura Magaloni. "Hemos visto indiferencia hacia mejores prácticas al hacer nombramientos del sistema anticorrupción y de sus espejos en los estados", añadió.

Se busca eliminar prácticas de corrupción al interior de las empresas, explicó.

La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), calculó en 1,600 millones de pesos el costo por corrupción en materia regulatoria a las empresas durante 2016.